Hace un año, en abril de 2017, visitó Uruguay el Señor John Knox, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Se reunió con representantes del gobierno, con integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y de diferentes organizaciones civiles no gubernamentales (ONGs). Presentó su informe sobre Uruguay en el pasado mes de marzo, a las autoridades correspondientes.
Destacó algunos aspectos positivos de nuestro ambiente, como por ejemplo los bajos niveles de contaminación del aire que tiene Uruguay. En el aire, según ese informe estamos mejor que muchos países aunque se supera por poco el promedio que recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud). Esta Organización recomienda como nivel máximo de partículas finas en el aire, que sea inferior a 10 microgramos por mt3, en Uruguay el promedio de partículas finas en el aire es de 11 microgramos por mt3.
El otro aspecto positivo que destacó el Relator se refiere al cambio de matriz energética que llevó a que más del 90% de la energía que se produce en nuestro país se origina en formas renovables.
Realiza varias recomendaciones sobre algunas carencias: – Sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), advierte que en nuestro país el SNAP sólo ocupa el 0,8% del territorio por lo que recomienda extenderla a un 15% de la zona continental y 2% de la superficie marina del país.
Señala graves problemas ambientales referentes a la salud de los pastizales y la calidad del agua, debidos a la intensificación de la actividad agropecuaria. Acota que el gobierno es consciente de esta problemática como lo demuestra su Plan de Acción del Río Santa Lucía.
Según «la diaria» (28/03/18), de donde tomamos estos datos, las recomendaciones más extensas se refieren al acceso a la información y al procedimiento de denuncias en materia ambiental. Knox advierte que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) no está cumpliendo con su obligación, legalmente establecida en el año 2000, de publicar anualmente informes sobre la situación ambiental del país.
Señala que escuchó críticas sobre: – la falta de investigación sobre relación entre problemas ambientales y problemas de salud; – documentos demasiado técnicos de difícil comprensión y no siempre fáciles de encontrar. No siempre está claro sobre cuál es el organismo encargado de atender denuncias o de evacuar consultas ambientales. El INDDHH también informó al relator de las UN que los procedimientos de denuncia y de respuesta suelen ser excesivamente lentos. Por lo que realiza varias recomendaciones entre las que se destaca que el público debiera encontrar fácilmente información comprensible sobre calidad del agua en ríos, lagos y grifos domiciliarios.
Señaló que escuchó preocupaciones sobre decisiones del gobierno aprobando grandes proyectos de infraestructura, a menudo por inversiones extranjeras sin estudios previos de impacto social y ambiental.
Por esas y otras circunstancias es de destacar su recomendación que se debería proporcionar más oportunidades reales para que el público participe.
Esa participación real es la que establece la reforma del artículo 47 de la Constitución efectuada en el año 2004 y las leyes concordantes de Ordenamiento Territorial Nº 18308 y de Política de Aguas Nº 18610. Participación que niega la cuestionada ley de riego Nº 19553.
Deja una respuesta