Con la frase que es título de esta nota se intenta resumir parte de la cultura que integramos. Se trata de fijar la atención en los efectos de limitar la vida útil de distintos bienes de uso, mecanismo con el que las grandes empresas buscan obligar al usuario a comprar una y otra vez el mismo bien.
Como consignamos en la nota anterior (EL PUEBLO, 06/09/17), en los años 20 las grandes empresas de energía eléctrica (Phillips, General Electric, etc), iniciaron las tratativas para limitar la duración de las lámparas eléctricas de uso cotidiano. Esa forma de operar se extendió a otros bienes de consumo y se denominó de «obsolescencia programada». Es decir que los productos industriales tienen una duración limitada por desperfectos cuyo arreglo es tan costoso que el usuario prefiera comprar uno nuevo. Esa forma de concebir la calidad de la producción se extendió a otros bienes y si bien puede generar mayores ganancias para los empresarios, existen costos que habitualmente no son tenidos en cuenta: 1) los costos para los usuarios y 2) los costos ambientales.
En Europa donde preocupan esos costos, se han realizado estudios por economistas para calcular en cuánto incide en la economía familiar la recompra de bienes de duración limitada. Pero los costos ambientales preocupan a todos: el planeta Tierra está jaqueado por la explotación excesiva y porque no puede absorber más basura proveniente de las actividades fabriles. Por tal motivo el Parlamento Europeo encargó a la Comisión Europea que estudie este problema a la búsqueda de soluciones. Según encuestas previas, más de dos tercios de la población de Europa prefiere pagar más por un producto siempre que se le asegure una duración de mayor número de años.
Según el diario EL PAÍS de Madrid del 03 de setiembre 2017, el eurodiputado del grupo de los Verdes, Pascal Durand, abanderado de esta iniciativa entre otras cosas declaró: «Tenemos que recuperar la capacidad de reparar los productos. Asegurarnos de que las baterías no estén pegadas al teléfono, sino atornilladas, de forma que puedan cambiarse en lugar de tener que tirar el móvil si la batería falla».
La Comisión Europea, se está poniendo en contacto con los fabricantes, para alcanzar soluciones, como implantar beneficios económicos para aquellas empresas que produzcan artículos de mayor duración, así como etiquetas que especifiquen garantía de duración y donde se establezca la forma más sencilla de repararlos. Deben poder repararse o sustituirse distintos componentes por separado y garantizar que las piezas de repuesto estén disponibles.
Los compradores deberían tener la posibilidad de acudir a cualquier comercio que se ocupe de reparaciones para ampliar la vida útil de sus teléfonos móviles, computadoras, tablets, planchas, secadores de pelo, etc. sin verse obligados a ir al servicio oficial del fabricante. La importancia de implantar esta serie de medidas, no solo busca prestar un mejor servicio al ciudadano, sino también es un mecanismo para cuidar el ambiente.
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