Bancarización
La Cámara de Regional de Empresas y Comercios del Este (Crece), ha
estado llevando adelante una ofensiva final para recoger las firmas que
faltan para poner a consideración de la población la posibilidad de anular la
obligatoriedad que tiene la bancarizacion o Inclusión Financiera. El pasado
10 de abril, los directivos de Crece Martín Rodríguez y José Andrés
Pereyra, finalizaron su gira de información y de recolección de firmas en
el Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía.
– Si bien desde hace ya más de cuatro años se venía hablado de inclusión
financiera obligatoria, la opinión pública no ha tenido información o no se
ha brindado claramente los alcances de esta Ley.
El problema no fue la gente porque la gente quiere firmar, ahora en plena
campaña política se está saliendo a hablar con la gente. Fue por un tema de
infraestructura, ahora tenemos el apoyo de la gente de Un Solo Uruguay y
por suerte de varios actores políticos. En realidad, venimos trabajando
desde el 2016 también junto a varios centros comerciales del país y a una
asociación de escribanos para recabar 260 mil firmas que lleven a
plebiscitar esta Ley la 19.210, lo que significa eliminar aspectos negativos
que esta contiene. Nosotros no estamos contra los medios electrónicos, ni
contra las tarjetas ni de la utilización de los bancos ni de los puntos de IVA
etc, estamos en contra de que se nos obligue a no usar dinero en efectivo
para la compra venta, que no se nos deje comprar, vender o cobrar
nuestros sueldos con plata.
Precisamente, hemos redactado con un constitucionalista grado 4 un texto
que escribe en la Constitución de la República, ciertos artículos para que
se elimine la obligatoriedad de la Ley y permitir usar dinero en efectivo.
Los grandes se defienden solos
– Hay quiénes vinculan a ese movimiento con política partidaria y con
empresarios ricos del campo.
No es así, lleva el nombre Un Solo Uruguay porque agrupa a una cantidad
de gente disconforme con el sistema político, no tiene nada que ver con la
calidad o el estatus social. No es solo el campo, nosotros somos del sector
comercio y defendemos al pequeño y mediano empresario, un quiosco es
una empresa. Por eso, esta Ley cuando se aplique el cien por ciento
planificada para el 2020, la facturación electrónica va a eliminar un 20 o
30% de los pequeños comerciantes, porque no la van a poder costear
frente a la rentabilidad que tienen. Este plebiscito que impulsamos va a
favor del que menos tiene. El que está desempleado es el que tiene más
problemas de inclusión, no tiene una cuenta en el banco, no tiene accesos a
una tarjeta de débito, cuando haga una “changa” va a pagar todo con plata
más caro. Por eso decimos que, por el contrario, esta es una Ley de
exclusión, por eso defendemos al más pequeño. Al comercio chico no se le
permite hacer un descuento contado, al grande no le importa porque
arregla con las grandes empresas pagar menos aranceles y grandes
descuentos de promoción en sus grandes superficies. Defendemos a los que
menos tienen, los grandes se defienden solos.
-Con esta Ley parece que se le da un poder económico extraordinario a los
bancos.
No parece, es así, no sólo un poder económico, el ciudadano no tiene
ninguna defensa. Nosotros, siendo miembros de Cámara de Comercio,
nunca fuimos recibidos por la cámara que defiende al sistema financiero y
a los bancos.
El año pasado se pidió por parte del nuevo gobierno de izquierda de
México, un informe sobre los abusos de su sistema financiero. Un
organismo extranjero informó que en este país, realmente se abusaba con
30% de las utilidades bancarias a través de nuevas comisiones bancarias,
un nuevo negocio que es cobrar por cualquier cosa. En México se querían
derogar 5 movimientos como en Uruguay pero no es obligatorio, es un
acuerdo entre el banco y la empresa. En Uruguay, el gobierno se jacta de
los “5 movimientos gratis”, que es un acuerdo entre el Estado y el sistema
financiero, que es mucho más grave, es el más abusivo de todos, con el
42%. La situación es grave porque es como un Estado cómplice de la
redacción de una Ley hecha por el propio sistema financiero, que es el
único que está cuidado y es el que se defiende, es el sistema financiero
contra el trabajador.
– Se titula como una Ley de inclusión, pero contradictoriamente se habla de
obligatoriedad.
Exacto, es así. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley 19.210, dice que todo
ciudadano que trabaja no dice puede debe cobrar su sueldo sino debe por
una entidad bancaria aprobada por el Banco Central, esto es una
obligatoriedad, como si vamos a una estación de servicio después de las
10.00 de la noche no podemos pagar con plata. Si se va a hacer una compra
de los que sea, por más de 40.000 UI, hablamos de entre 4 y 5 mil dólares,
tiene que hacerlo por intermedio de un banco, no se puede hacer como
siempre entre dos partes y un escribano. Si se tiene la plata guardada,
porque no se cree en el sistema financiero a raíz de que el 2002 quebró el
sistema financiero del país, hoy tiene un problema para utilizar ese dinero.
Acá hay dos inconstitucionalidades de la Ley, una es el poder cancelatorio
del dinero, porque la Ley establece que para cancelar una deuda en el
Uruguay se cancela sólo con plata, no con tarjetas de crédito, ni con
papeles ni con Bitcoin, por lo tanto, el dinero debe ser aceptado. Lo otro,
es la presunción de inocencia, se es inocente hasta que se demuestre lo
contrario, por lo tanto, si yo voy con plata soy inocente, me tienen que
dejar hacer cualquier transacción, después el Estado tiene las herramientas
necesarias para poder controlar. Nosotros en este plebiscito, no eliminamos
ningún control del Estado. No nombramos la palabra comerciante es un
plebiscito para y a favor de la gente, que lo único que pretende es tener la
libertad de elegir cuando se va a comprar, vender o cobrar con plata.
Firmas hasta el 27
-¿Cuánto tiempo queda para poder firmar?
Pusimos como tiempo límite para llegar a las próximas elecciones este día
27, porque tenemos la Asamblea General, nos podía recibir este lunes o
martes antes de fin de mes. Aun se puede votar contra la Ley de
bancarización obligatoria, tanto en el Centro Comercial de Santa Lucía
como con los delegados de un Solo Uruguay.
Los políticos se dan cuenta que la ciudadanía, sobre todo en el interior por
una relación personal y directa con los pequeños y medianos comerciantes
y productores, esa bancarización les está generando mucho daño.
-Se firma para lograr un plebiscito, si se reúnen las necesarias, la población
será la que también se exprese en las elecciones si la Ley se reforma o no.
Nosotros firmando lo que habilitamos es la discusión para el plebiscito en
una elección nacional obligatoria. Esta será otra etapa donde se va a votar
sí a la reforma. Ahí se va a discutir el tema y ahí será el sistema político el
que tiene que jugar el partido.
-De lograrse el plebiscito, la reforma definitiva sería agregarle cambios a
cuatro artículos de la Ley 19.210.
Si, se reforman cuatro artículos que están al frente y a la vista en la
papeleta que se firma, lo que hemos venido explicando en nuestras
recorridas por todo el país. Son muy sencillos y muy claros, no deberían
estar porque en la Constitución de la República se prevé la libertad del
usuario. Como los legisladores han avanzado un poco sobre la libertad de
los ciudadanos, tenemos que reafirmar ciertos aspectos, esos que venimos
explicando. Recordemos que Uruguay fue el segundo país con más actos de
democracia directa, es bueno rememorar las épocas en que los ciudadanos,
los grandes temas los discutíamos deleitándonos con la deliberación del
sistema político y no de organizaciones civiles. Si la ciudadanía se expresa,
será el sistema político quien realmente defina su posición.
Y.S.
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