EL PUEBLO estuvo conversando con Marcos Umpiérrez, miembro de la Asamblea por el Agua, y Juan Pablo Manzi, integrante de la Federación de Funcionarios de Ose, que vienen recolectando firmas en distintos puntos del país para llevar a referéndum la Ley de Riego, porque va en contra de lo que el pueblo decidió en el año 2004.
La Ley 16.858 de Riego, con destino agrario, data del año 1997, pero a influjo del MGAP recientemente se aprobó una serie de modificaciones a la misma que propone el desarrollo de una «política nacional de expansión del riego en el marco de una intensificación sostenible de la producción».
La Ley de Riego es inconstitucional, ya que «privatiza el agua», en contradicción con el artículo 47 de la carta magna.
Según establece la Constitución uruguaya, «el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales».
El inciso segundo del artículo 47 afirma que «las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico».
Entre los cambios aprobados, la nueva normativa fomenta la inversión del sector privado en esta área, a través de Sociedades Agrarias de Riego (SAR), que podrán construir obras hidráulicas con fines de riego sin autorización ambiental previa; así como también suspender el suministro de agua para riego por sanción, producto del incumplimiento de las obligaciones e incluso el pago; aunque no privar a los sancionados del caudal de agua para riego con el que contaban previo a la obra, coinciden fuentes ambientalistas. Según la voz de las organizaciones sociales y la academia, la creación de un mercado del agua, la especulación y la soberanía de los uruguayos sería entregada.
FFOSE reafirma un sí a la vida, sí a la Constitución y no a la privatización del agua. En esta instancia, más del 64, 58 % de la población definió que el agua es un derecho humano, esencial para la vida. En el año 2004 se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La Ley de Riego desconoce este pronunciamiento, además, si se permitiera aplicar, se empeoraría la calidad de nuestras aguas y al ser una ley privatizadora le da accesos a los privados a que puedan manejarla como quieran, reafirmaron.
Si bien parece que la gente está interpretando que existe un problema muy complejo a raíz de este modelo que el país está llevando adelante, todavía no nos estamos dando cuenta que las consecuencias con el agua son graves, nos está directamente afectando y prácticamente que dejando sin futuro. Todavía la opinión pública no tiene muy claro cuáles son las implicancias en detalle del negocio del agua y por eso es esta campaña para derogar la modificación de la Ley de Riego. Se trata de poder tener la instancia del mano a mano con la gente, de explicar concienzudamente esas implicancias, indica Umpiérrez. Agrega, por otra parte, recordando lo que decía el Dr. Ramon Legnani en los años 90, cuando integraba la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Nacional, que junto a un destacado científico que visitara al país ya se afirmaba que nuestro país no es rico en agua, contrariamente a lo que siempre se ha pensado, este es un recurso súper finito que no se notaba al tener muy poca población. Ahora se suma la violación de la ley que desconoce al agua como un derecho humano trascendental para la vida.
FFOSE elaboró un volante que explica que la Ley de Riego crea un mercado de agua con operadores de riego privados, que tienen potestades para su comercialización. Denuncia adicional que la Ley restringe el rol del Estado y genera que los productores tienen que pagar un gravamen por la construcción y mantenimiento de las obras hidráulicas para riego. Este gravamen no se modificó por la enajenación del inmueble ni el fraccionamiento, aunque el productor no use los servicios de riego. Además del gravamen, aclara el volante, los productores están dispuestos a pagar por el uso del agua. Las Sociedades Agrarias de Riego (SAR) y las Asociaciones Agrarias de Riego (AAR), permiten suspender el servicio de riego en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del productor. El material aclara que la Ley de aguas anteriores a esta, establecía que bajo ningún concepto se podía cortar el suministro de agua. Mientras el pueblo paga todos sus impuestos, tanto las SAR como las AAR gozarán de los beneficios que les otorga la Ley de Inversiones, es decir, de enormes exoneraciones fiscales. El volante señala que la forestación, la soja transgénica y los agrotópicos están impactando negativamente en el suelo, en el agua superficial y en la subterránea. La Ley de Riego establece sistemas de riego multiprocesales a través de la creación de embalses, lo que favorece las condiciones ambientales para el desarrollo de las floraciones de algas. Este problema ya está instalado en las cuencas en las que OSE realiza el tratamiento de potabilización, es por eso que toda la población paga una Tasa Medioambiental en el agua, haciéndose cargo el pueblo de lo que contaminan otros. El documento aclara además, que esta ley no respeta el principio constitucional de que lo prioritario es el consumo humano del agua y no el negocio. Por todo esto y mucho más, el volante alienta a firmar para derogar esta nueva ley promovida por el exministro y empresario arrogante Tabaré Aguerre.
Precisamente, esta Ley de Riego le da lugar a capitales extranjeros o nacionales, reafirmó Umpierrez de Asamblea por el Agua.
Para interponer un recurso de referéndum contra una ley se necesitan las firmas del 25% del padrón electoral. El objetivo de FFOSE es recolectar unas 700.000 adhesiones a la convocatoria.
El plazo para reunir las firmas y habilitar la consulta popular, vence en el mes de octubre. En Santa Lucía se puede firmar en el Espacio Carlos Alfredo, en domicilios particulares y comercios que tienen el afiche de la campaña afuera. Además, en los próximos sábados también se podrán informar para firmar en la feria. Se resalta la importancia de que toda la ciudadanía se informe para tomar conciencia y para dar un ejemplo a nivel regional, ya que se tienen ejemplos en países cercanos de lo que ha provocado este tipo de prácticas.
Se firma con la Credencial Cívica, firma y huella dactilar.
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