Por Ramon Legnani
En 1971 Schumacher advertía en su libro «Lo pequeño es hermoso», que «los nuevos problemas ambientales y de salud que la humanidad habrá de enfrentar no serán consecuencia de fracasos accidentales sino de (supuestos) éxitos de la tecnología».
Tradicionalmente, la introducción de nueva tecnología ya sea de sustancias químicas como los medicamentos para la salud humana o de sustancias de aplicación en la producción agroindustrial, debían cumplir una etapa previa de estudio de sus propiedades en la que se descartaba que tuvieran efectos negativos sobre el ambiente o la salud. Así mismo, la tecnología que afecta los ecosistemas (rutas, oleoductos, represas, urbanizaciones, industrias, etc.) pueden convertirse en fuentes de riesgo de tal envergadura que pueden producir desastres calamitosos.
Así por ejemplo, desde fines del siglo XIX es larga la lista de accidentes en las represas. Uno de los más impactantes es el ocurrido el 5 de noviembre de 2015 en Brasil, en el Estado de Minas Gerais cuando un dique de contención de la minera Samarco se rompió. Ocasionó unos 20 muertos, 12 desaparecidos y miles de familias sin casa y más de 250 mil personas sin agua. El lodo tóxico recorrió 650 kmts hasta llegar al Océano Atlántico matando todas las formas de vida (peces y plantas) que tocó a su paso.
El dique roto represaba 62 millones de metros cúbicos en depósitos de agua y de residuos minerales (arsénico, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio), por lo que los territorios cubiertos por ese barro se convirtieron en «cementerios biológicos».
Si tomamos otros rubros como el de medicamentos o el de agroquímicos, las últimas décadas muestran que las grandes empresas productoras tienden a volcar al mercado sustancias que no han sido estudiadas durante largo tiempo en todos sus efectos. Ocurre que cuando desde diversos ámbitos se les señalan los inconvenientes de sus nuevos productos, los empresarios no dudan en contestar que los críticos demuestren la existencia de los efectos indeseados que denuncian.
Las empresas que valoran más las ganancias que la seguridad, tienden a relativizar los riesgos. Atribuyen al mal uso del producto sus efectos dañinos, antes que aceptar que el uso de ese producto entraña riesgos por sí mismo.
En las últimas décadas el constante aumento del número de nuevos productos, de obras públicas y megaproyectos, ha llevado de la mano al estudio de riesgos para la salud, a la evaluación de impactos ambientales y la implantación del principio de precaución.
El «principio de precaución» establece que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud, es necesario tomar las medidas apropiadas para prevenir cualquier daño, aunque no exista evidencia científica indudable sobre sus efectos negativos.
En los últimos años este principio se ha ido afirmando en los ambientes políticos y jurídicos de numerosos países sobre todo en Europa.
En diciembre del año 2000 los Estados de la Unión Europea definieron el «principio de precaución» a efectos de su incorporación en la Constitución que los rige.
Se trata de establecer un nuevo paradigma en las políticas públicas para evitar situaciones de riesgos graves.
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