La Ley 19553 de Promoción del Riego, aprobada a fines del año pasado, 2017, despierta inquietudes, por sus efectos negativos, tanto en científicos como en trabajadores del sector agrario. La Red de Agroecología está integrada por productores, procesadores y distribuidores de alimentos y es muy interesante su declaración que consigna «la diaria» (27/02/2018). La Red señaló que en Bella Unión las empresas constituyeron un monopolio en el suministro de agua que perjudica a «los más desfavorecidos» y destaca que desde la Ley de Riego de 1997 las empresas tienen la posibilidad de apropiarse del agua y venderla con fines de riego. Esa mercantilización aumentará con la nueva ley de riego ya que habilita a que extraños al sistema productivo inviertan en el negocio. Señala que la experiencia en Bella Unión debe ser un alerta a la hora de extender este sistema. Allí tres empresas – Calpica, Calagua y Soforuce – venden agua del río Cuareim a los productores hortícolas y de caña de azúcar. La Red cita un estudio del año 2015 que sostiene que en Artigas, Calpica actúa como proveedor exclusivo de agua, lo que le permite cobrar precios monopólicos, por encima del precio de producción. Analiza precios y circunstancias del servicio y concluye en que «para los colonos, el carácter monopólico y privado del sistema de riego supone otra forma en que transfieren plusvalor». De la experiencia de Bella Unión además se ve que no existe competencia, sino que el servicio se sostiene sobre bases monopólicas. Las empresas que manejan el agua fijan los precios de acuerdo a la recuperación de lo invertido y su afán de lucro. Nunca benefician a los agricultores familiares ni a los asalariados rurales, «las empresas se enriquecen a costa de los más desfavorecidos del medio rural». Seguramente los gestores del agua podrán tener salarios mucho mejores que los de los agricultores familiares. En la declaración de la Red cita además trabajos de investigación realizados por científicos de la Universidad que alertan sobre el impacto ambiental de la proliferación de represas que agravarán las condiciones del agua contaminada.
La nota de «la diaria» finaliza estableciendo que «Comprometer un bien común como el agua, en función de una mirada productivista de corto plazo, que aumente las ganancias de los sectores empresariales del agronegocio, y cuadre los macronúmeros del Estado, es comprometer la autonomía del país y el futuro (también el presente) de los bienes de nuestro territorio y quienes vivimos en él», afirman los productores, consumidores y distribuidores de alimentos agroecológicos.-
La Ley Nº 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable así como la Ley 18610 de Políticas del Agua, están en armonía con el espíritu de la reforma constitucional del año 2004. Confieren derechos al ciudadano, que es necesario analizar y promocionar, porque nadie defiende lo que no conoce y los derechos hay que defenderlos. Para complementar estos temas estamos con Santiago Dárdano en Radio Espika FM 90.7 los lunes a las 13:00 horas, con repetición miércoles 20:00 horas y domingos 09:00 horas a.m.. El audio con video irán en You Tube.
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