Mipymes
Coincidiendo con el Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, intentamos sondear esta realidad en Santa Lucía dentro de esta
relativa vuelta a una nueva normalidad y con respecto a las ventas del Día
del Niño.
Si bien se activaron algo más los locales que se dedican al público infantil,
esa misma movida no alcanzó en la misma medida a todos los comercios.
Joselo Díaz directivo del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía,
indicó que se nota cierto cambio en la modalidad del cliente que viene al
comercio con una idea de lo que quiere. Señaló que en estos meses de
pandemia hay comercios como telefonía y comunicación, que venían muy
bien en ventas, no han sentido el impacto. Otro rubro que se mantuvo e
incluso algunos crecieron, son las barracas, ferreterías, porque mucha gente
se dedicó a hacer arreglos, a pintar en su , cuando no se trabajó por la
pandemia. Los que también se han mantenido son los comercios chicos
de barrio, en cambio, los más desfavorecidos, primero el de restaurantes,
hotelería, salones de fiestas y eventos, lo segundo vestimenta y calzado.
Destacó que en el mes de septiembre, cuando llegue la última prórroga
otorgada por los seguros de paro especiales que se prolongaron por tres
meses más para las empresas, se tendrán las cifras reales de la situación. La
Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay ya ha brindado un
estudio con datos a nivel macro acerca de la situación actual en el , donde
se revela que hay más de 20.000 empresas que están morosas, situación
que en un 50% se viene arrastrando desde antes de la pandemia.
El gran problema para las empresas en Uruguay ha sido la gran carga de
los impuestos. Lo que antes era un cargo fijo, se ha convertido en un
importante gasto para las pequeñas empresas. Si se le agregara al producto
o la mercadería, los costos de OSE, UTE, ANTEL, Internet, el precio para
la venta al cliente sería realmente un disparate. Éste es sólo uno de los
motivos, pero no el único. Hoy se está ante la informalidad del creciente
denominado comercio de bajo contacto por las redes sociales, que a los
locales establecidos le está haciendo muy mal, reafirmó Días.
Se desconoce si a esta nueva modalidad le va a llegar alguna
reglamentación, pero lo cierto es que hoy se vende de todo, cosas sencillas,
de todos los días, se trata no sólo de deliverys que llevan las cosas, sino que
hay una gran oferta por los medios digitales, acotó.
Son realidades a las que se tiene que enfrentar las empresas que desde el
momento que abren sus puertas ya tienen gasto. Actualmente se insiste en
hacer ver al Ejecutivo toda esta problemática y la lucha de las empresas
día a día. No se sabe la solución que podría encontrarse, pero estos
reclamos son escuchados.
Díaz argumenta que la Cámara Empresarial que integra el Centro
Comercial de Santa Lucía tiene planteado el tema, por ejemplo, de las
tarifas. Para el caso de OSE, la tarifa residencial es aproximadamente cinco
veces menor a la que tiene un comercio común y el consumo de una
residencia es cinco veces más que la del comercio. El sector comercio, lo
único que pide es igualdad, porque si para la tarifa residencial tiene un
precio, por qué no para el comercio, al menos que se equiparen. Otra
realidad es la energía eléctrica para la pequeña empresa. UTE brinda
muchos beneficios para optimizar el consumo, pero a los empresarios
chicos le cuesta mucho realizar trámites, por eso, otro de los pedidos es
una ventanilla única para cuando se vaya con un problema, se solucione
ahí y no que se mande para un lado y para otro.
Las gremiales no incursionan específicamente en los temas de los seguros
que algunos pueden contratar y otros tantos no, sea por las roturas o por la
mercadería, porque se trata de temas muy particulares de cada uno. Lo
lógico sería el razonamiento básico de que no fuera necesario agregar otro
gasto de tener que pagarse un seguro, ya que se contribuye con impuestos
para asegurar la seguridad pública, se indicó.
Con respecto a los temas de seguridad, las cámaras de vigilancia en Santa
Lucía son monitoreadas por Ministerio del Interior, pero no es de forma
constante. Cuando se registra un evento, se pide al Centro Comando
Unificado que funciona en todo el país, brindando la dirección, la zona,
hora, ciudad y se envía la información a las jefaturas de policía con lo que
se ha acortado el tiempo de respuesta, lo que significaba uno de los
mayores reclamos de los comerciantes, argumenta Díaz. Hasta no hace
mucho tiempo, esos informes iban a la jefatura de Policía de Canelones,
pero ahora las comisarías lo pueden pedir directamente, según lo ha
aclarado el propio Comisario Morales de la Seccional de Santa Lucía.
Sobre el efecto del régimen especial de facilidades de pago para sus aportes
a empresas unipersonales, así como las sociedades de hecho comprendidas
en monotributo, se indicó que el gobierno con la mejor voluntad articuló
algunas medidas, pero la “frazada quedó corta”. Muchos comerciantes y
socios del CCSL no se adhirieron a esa financiación y prefirieron
continuar pagando, mencionó el directivo.
Otro de los análisis en este año tan especial para las pequeñas y medianas
empresas, fueron los alquileres de los locales, lo que quedó librado a la
conciencia de cada propietario, para lo que no hubo intervenciones ni del
Estado ni de la CCU y no se tienen informes detallados. En el caso de
Santa Lucía si se sabe que hubo muchos dueños de locales comerciales que
hicieron rebajas, incluso un par de meses de gracia en el pago.
El sector Mipymes, está compuesto por 189.000 firmas que comprenden
el 67% de las fuentes laborales del país.
Desde el gobierno nacional se argumenta que desde 2021 serán aplicadas
modificaciones en la tributación y los aportes a la seguridad social, en las
unidades reguladoras y las empresas públicas, las que podrán mejorar las
tarifas públicas para todas las firmas. Prevén además, cambios en el
proyecto de ley de presupuesto que mejoren la competitividad de las
pequeñas empresas exportadoras. Se trabajará en una ventanilla única y en
reducir los costos de las firmas con inflación dentro de rangos que fije la
autoridad. De acuerdo con datos del BPS, entre febrero y junio cerraron
7.000 firmas con menos de 100 empleados, de las cuales el 60% eran
unipersonales. Además, se perdieron 40.000 puestos de trabajo, sobre todo
en industria y comercio, alojamiento y servicios de comida. Para su
recuperación, la mejora de la competitividad es sustancial a fin de acortar
las brechas con los países más desarrollados, afirman fuentes del gobierno.
Y.S.
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