Tanto en el Centro Comercial como en distintos comercios de Santa Lucía,
se pueden encontrar las papeletas* para sumar las firmas necesarias a favor
de poder posibilitar un Plebiscito donde la población pueda votar en contra
de la obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera. Es importante
firmar y luego votar, por que el plebiscito es una de las pocas formas que
tiene el pueblo uruguayo, de manifestar su voluntad de forma conjunta.
La Comisión Pro-Plebiscito Crecer con Igualdad y Libertad, surgida en
Maldonado en agosto del año pasado, actualmente viene dando a conocer
la serie de artículos a modificar, de aprobarse y votarse el Plebiscito contra
la obligatoriedad de la inclusión financiera.
Para poder llegar a un Plebiscito, se necesitan 260.000 firmas para
presentar ante la Corte Electoral 90 días antes de las próximas elecciones
nacionales.
La Comisión Pro-Plebiscito cuestiona el carácter obligatorio del Programa,
políticamente cuestionan el beneficio al sistema financiero y el negocio
particular de ciertos empresarios, en detrimento de los intereses de toda la
sociedad uruguaya. Aseguran que las cifras oficiales demuestran que, en
todo caso, esta iniciativa no va contra la informalidad sino que perjudica a
quienes se comprometen en su combate, y que la aplicación de medidas
restrictivas y abusivas como ésta, atentan contra el carácter democrático
que debería tener el gobierno.
Entre otros motivos, porque lastima el principio de libertad, ya que su
carácter obligatorio -o más bien forzoso- transforma al pueblo en siervo del
poder financiero, implantando una limitante de máxima gravedad sobre el
derecho de optar entre métodos de pago, secuestrando el efectivo de los
uruguayos a cambio de medios digitales que, si bien son opciones útiles, no
pueden de ninguna forma imponerse de manera obligatoria.
También se cuestiona políticamente esta ley, porque la normativa avanza
contra la sociedad uruguaya y busca beneficiar al poder financiero, las
empresas propietarias de los POS y la banca nacional e internacional.
Reafirman que todo gobierno democrático, que emana del voto popular,
debe trabajar a favor del pueblo. Esta ley arbitraria, no hace más que
generar mecanismos de control que afectan, sobre todo, a los pequeños
comerciantes y trabajadores, elevando costos, dificultando el comercio,
complejizando y poniendo en riesgo, de manera absurda, la vida de las
pequeñas economías.
Un gobierno que difunde, además, de manera engañosa las características
de esta ley y que esconde los objetivos que persigue, porque, como señalan,
tanto el INE como la Encuesta Continua de Hogares, el trabajo informal no
se redujo con la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria, lo que demuestra
que: esta ley no ataca la informalidad, sino que aplica controles abusivos
totales sobre el que se formalizó voluntariamente. Se reafirma, por lo tanto,
que los gobiernos democráticos que aplican medidas restrictivas y
abusivas como ésta, dejan de serlo.
El control de la economía ciudadana, siguiendo dictados y exigencias del
capital financiero, constituye una decisión política que no puede
compartirse, por lo que se va a seguir combatiendo.
La propuesta de reforma constitucional, al amparo de lo dispuesto por el
artículo 331 literal A de la Constitución de la República, fue presentada
ante la Asamblea General. La reforma solicita modificar los siguientes
artículos de la Constitución de la República: Artículos 24, 36, 53. El goce
de los derechos consagrados por la presente Constitución, incluyendo los
comprendidos en el artículo 72, no podrá verse afectado o quedar
supeditado al previo pago de tributos y el artículo 85 numeral 10.
El empleo de dinero electrónico o de mecanismos de inclusión u otros
relacionados con el sistema financiero, que podrá habilitar la ley, o obstará
al derecho de los interesados de cancelar sus adeudos o percibir sus
haberes, mediante el pago de moneda efectiva corriente, en instrumentos
físicos que emitirá la autoridad monetaria.
Disposición transitoria y especial A) “Si el plebiscito fuera proclamado
afirmativo, por resolución firme de la Corte Electoral, la presente reforma
entrará en vigor con fuerza obligatoria. Por lo tanto, se declararían
derogadas todas las normas legales y administrativas que se oponga a las
modificaciones incorporadas por la decisión plebiscitaria.
Por eso, la Comisión Pro Plebiscito Crecer en Igualdad y Libertad, invita a
sumarse para decirle No a la Ley de Inclusión Financiera Obligatoria,
firmando con nombre y apellido, la firma y el Nº de Credencial Cívica.
*Cada papeleta antecediendo a las firmas detalla la redacción de los
artículos a modificar.
Y.S.
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