El Alcalde Raúl Estramil habló con los medios de prensa locales sobre la inseguridad en el tránsito y la inseguridad pública, ya que los vecinos se dirigen al municipio para saber qué hace la alcaldía frente a esta creciente problemática. Recogiendo esta inquietud desde el gobierno local se coincide con esta preocupación, indicando cuáles son sus competencias que de acuerdo al mandato de la ley y al reglamento de funcionamiento se tiene que acudir a las autoridades superiores.
Estramil afirma que se ha venido procediendo como lo marca la ley por las picadas que se dan, no sólo en el puente, también en algunas avenidas de la ciudad hasta altas horas de la noche y la madrugada, desarrollando altísimas velocidades. Se han constatado motos, autos de Santa Lucía pero también de otras procedencias, por lo que el municipio ha recurrido a las autoridades competentes. Se especificó que la fiscalización en el tránsito en los 30 municipios se centraliza en la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Canelones, la que dispone de un cuerpo de inspectores que realiza operativos relámpago o sea que vienen, actúan y se van, por decisión de la intendencia. El municipio ha elevado al gobierno departamental un proyecto para que se pueda contar con un cuerpo inspectivo propio local porque amerita hacerlo. En Santa Lucía hay un tránsito permanente, con cuatro rutas nacionales que atraviesan la ciudad. La semana de turismo pasada, una gran cantidad de argentinos pasaron sobre la vía férrea y el puente con el permanente riesgo de accidentes y no había policía de tránsito, ni caminera ni inspectores. Estramil reitera entonces, la necesidad de que Santa Lucía tenga una unidad permanente que dependa del municipio para fiscalizar y controlar. Pero al estar centralizada la fiscalización, lo único que las alcaldías pueden hacer es solicitarla siendo las intendencias las que disponen.
SEGURIDAD PÚBLICA
Las picadas también influyen sobre la seguridad pública por lo que la alcaldía recurre en forma permanente al Ministerio del Interior. Hay denuncias penales, cientos de llamadas telefónicas reclamando la intervención del Ministerio del Interior en el territorio. Estramil indica que si bien ha mejorado, la respuesta es insuficiente para la alerta amarilla que hoy tenemos en la seguridad pública, a la que el alcalde subraya con riesgo de convertirse en alerta naranja. Remarca por lo tanto, la necesidad de profundizar los controles, el patrullaje y la fiscalización, por lo que se ha hecho y se hará todo lo posible con la autoridad que le compete como alcalde, pero reitera que no dispone de policía, ni de inspectores de tránsito.
Reafirma que de acuerdo al nuevo sistema de Justicia, la Fiscalía aparentemente no considera un delito picar a 150 km. por hora, poniendo en riesgo la vida de los vecinos. Todas las denuncias van a la Fiscalía y hay videos conocidos por la opinión pública, que incluso se han subidos a las redes sociales, pero que no parecen considerarse delito. Estramil informa a la ciudadanía que únicamente hay un solo procesamiento por la Ley de Faltas, de un vecino por un accidente. Este ciudadano cumplió su sentencia en febrero con tareas comunitarias en el municipio, lo que se encuentra documentado en una planilla. Hasta ahora sólo se conoce este procedimiento de la Justicia, lo que no quiere decir que haya otros, reconoce el alcalde.
Se puntualiza que desde el gobierno y el consejo local se trata permanentemente de buscar acuerdos y coordinación, pero también se tiene el objetivo de dirigirse a la ciudadanía porque se trata de un tema de conciencia. Hay familias que seguramente saben que tienen hijos que participan de las picadas y que se tiene que empezar por casa y no se puede seguir poniendo en riesgo la vida de la gente.
Por otro lado, se trata de concientizar a los pobladores, se aconseja además denunciar cuando hayan arrebatos, robos, pero que también las autoridades pongan más atención en Santa Lucía. Hay mucho dinero usado para financiar picadas, quema de cubiertas, combustible, apuestas. Los vecinos tienen que llamar al 911, denunciar y desde el gobierno local también se va a seguir trabajando, es la afirmación.
Con respecto a los cuicacoches, el alcalde indica que hay un reglamento departamental donde se determina que se necesitan un permiso por 30 a 60 días porque se les hace un seguimiento, aun para quienes están hace 4 años. Se les determina qué espacio, qué calle, tienen que estar identificados y con sus permisos.
Además, habitualmente en tiempos de verano Santa Lucía recibe mucha gente por las costas del río donde se acampa y se está expuesto a que venga gente extraña. En caso de haber denuncias, como lo establece la ley el alcalde y los concejales, deben de pedir de inmediato apoyo a las autoridades, en este caso al Ministerio del Interior porque las cartas en el asunto las tiene que tomar la Policía.
Estramil confirma la preocupación del municipio local por la inseguridad pública como por la inseguridad vial de Santa Lucía, por lo que se mantiene un diálogo permanente con las autoridades. Confirma que cada vez se requiere de más estructura, más personal para ejercer controles en la seguridad pública como en la vial. Agrega que se viene trabajando en las videocámaras de vigilancia y recuerda que Santa Lucía junto a Pando fue la primera que presentó el proyecto elaborado junto al Ministerio del Interior. Hubo además una propuesta para colocar 30 cámaras en todos los barrios de la ciudad en lugares estratégicos, pero Santa Lucía ha quedado un poco relegada. Las cámaras permitirán mayores controles pero no serán suficientes para atacar la raíz del problema social que estamos enfrentando, reconoce el alcalde. La intendencia ha pedido más cámaras para colocarse, pero Estramil confirma que la iniciativa salió desde el municipio local, si bien son ejecutadas por el Ministerio del Interior.
En cuanto al tema vial, el municipio dispone de talleres de Educación Vial, que se vienen brindando en los centros de estudio. Se reconoce que se cuenta con el servicio enviado por la intendencia cuando hay actividades sociales, culturales, deportivas, que si bien no fiscaliza ordena el tránsito.
Finalmente, Estramil reafirma su compromiso que junto al municipio y sus concejales, en dialogar con las autoridades para contribuir al orden público.
Y.S.

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