INFORMES EN ABRIL

por Ramon Legnani

El Tribunal a Monsanto, que actúa en La Haya (Países Bajos), en octubre 2016 recibió denuncias y testimonios de víctimas, campesinos, científicos, médicos y organizaciones ambientalistas. Basado en los «Principios Rectores sobe Empresas y Derechos Humanos» adoptados por la ONU en 2011 evalúa la responsabilidad penal de Monsanto  por afectación a la salud humana y el medio ambiente. También se apoya en el Estatuto de Roma estudiando la reforma del derecho penal internacional para incluir  como delito el ecocidio (generación de un daño ambiental de gran magnitud que pone en peligro la superviviencia de los habitantes de la zona afectada).
El próximo 18 de abril emitirá su dictamen dirigido a la ONU y al Directorio de Monsanto. Se intentará darle la mayor difusión pública posible. El dictamen girará en torno a si la empresa ha lesionado  derechos fundamentales: ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, derecho a la alimentación, a la salud y a la libertad de investigación científica. En la evaluación los jueces tienen en cuenta artículos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y -Culturales y de la Convención de Derechos del Niño.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Sr. John Knox, visitará Uruguay  del 24 al 28 de abril.
Previamente realizó un llamado a la sociedad civil para que le enviase comentarios e información a la dirección srenvironment@ohchr.org antes del 31 de marzo de 2017. Dicha información será tenida en cuenta en sus  conversaciones con funcionarios de gobierno y del Estado en general, así como con  representantes de la sociedad civil. Sus temas versarán sobre buenas prácticas y desafíos en el cumplimiento de protección de los derechos humanos relacionados con el ambiente.
Dentro de un año, en marzo de 2018, el Relator Especial presentará un informe público sobre la visita a Uruguay al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En cuanto al  departamento de Canelones, se encuentra en él, casi el 30% de la población rural del Uruguay y una importante proporción de productores familiares, además de gran número de habitantes que lo han elegido para vivir. Se han producido y persisten conflictos entre los sectores señalados y quienes desarrollan proyectos que asimilan la producción agraria a la producción de carácter industrial, como sucede en las zonas de Paso Picón, Laguna del Cisne y La Armonía.
La Intendencia de Canelones (IC) anunció el 22 de marzo 2017, el inicio de los trabajos para tener hacia marzo de 2018 un Plan de Ordenamiento Territorial como forma de resolver la convivencia  sin llegar a confrontaciones graves.
Todas estas acciones van en el sentido correcto de lo que debe ser: Los Estados tienen la obligación de proteger el medio ambiente, con el fin de garantizar los derechos que de él dependen, incluidos el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda. Está incluido  el deber del Estado de proporcionar información sobre asuntos ambientales, facilitar la participación pública en las decisiones ambientales y buscar soluciones efectivas para el daño ambiental.