Da para pensar:
En octubre de 2016 el «Tribunal a Monsanto» recibió denuncias en la ciudad de La Haya. Integrado por personalidades de los cinco continentes de reconocido prestigio en el área judicial, apoyado por organizaciones populares de todo el mundo, durante tres días recibieron de investigadores científicos, médicos, ambientalistas y organizaciones populares, que dieron testimonio sobre los productos de Monsanto (semillas transgénicas, herbicidas, plaguicidas) y sus efectos sobre la salud del ambiente, de los seres y de las poblaciones.
A pesar del prestigio personal y profesional de los participantes y la gravedad de las denuncias, poco y nada se informó por parte de la gran prensa internacional y nacional.
Da para pensar:
El «Tribunal a Monsanto» trabajó desde el mes de octubre de 2016 hasta el mes de abril del corriente año sobre los testimonios y la documentación aportada.
El día 18 de abril emitió su veredicto y sus fundamentos. Tuvo importante repercusión en los medios judiciales, científicos y de organizaciones ambientales de todos los continentes. Sus conclusiones y documentación se enviaron al Directorio de la Empresa Monsanto y a las Naciones Unidas.
Nada de esto se informó en la gran prensa internacional y nacional.
Da para pensar:
Desde mediados del mes de marzo pasado circuló un mail que decía: «El Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Sr. John Knox, hace un llamado a la sociedad civil para enviar comentarios a efectos de planificar su visita oficial a la R. O. del Uruguay, que tendrá lugar del 24 al 28 de abril de 2017».
Seguían una serie de consideraciones sobre sus funciones y decía más adelante: «Los Estados tienen la obligación de proteger el medio ambiente (en lo que refiere a la regulación de las empresas y otros actores privados) con el fin de garantizar los derechos que de él dependen, incluidos el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y a la vivienda. Estas obligaciones incluyen el deber del Estado de proporcionar información sobre asuntos ambientales, facilitar la participación pública en la toma de decisiones ambientales y proveer soluciones efectivas para el daño ambiental». Y antes de finalizar aclaraba: «El Relator Especial presentará un informe público sobre la visita a Uruguay al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2018».
¿Los medios masivos de comunicación que operan en el Uruguay habrán estimado que era poco importante este llamado del Relator Especial de la UN? No dieron información destacada al respecto.
Estuvo desde el 24 al 28 de abril en Uruguay y dio una conferencia de prensa el viernes 28, de la que sólo vimos una crónica en «la diaria» del 02 de mayo 2017.
De sus conclusiones preliminares, dice en «la diaria»: «sugirió al gobierno que divulgue la información de forma comprensible para toda la población e incorporar la participación pública prontamente y no cuando ya está avanzada la toma de decisiones. Propuso crear la figura de un ombudsman de medioambiente que canalice los reclamos, y emitió una advertencia respecto del decreto que busca impedir los cortes de ruta».
Faltó decirle a la población que los derechos se exigen y no debe esperarse a que los gobiernos los otorguen «cuando se les cante».
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