Según «La Diaria» del 13 de febrero 2018, «hasta el momento, se pronunciaron en contra de la ley de Riego 19553 y se sumaron a la campaña de recolección de firmas, el Espacio 567 del Frente Amplio, Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes -en los locales de FFOSE y de los sindicatos de UTE y Antel se recolectan firmas-, el sector banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay, los gremios de profesores de enseñanza secundaria y de funcionarios de UTU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y numerosas organizaciones defensoras del ambiente.
En la misma nota la diaria informa que algunos dirigentes sindicales opinan que es muy difícil que se alcancen las 700.000 firmas necesarias para lograr se convoque el plebiscito y fundamentan su posición en que la mayoría de las personas no saben en qué consiste esta ley de riego e ignoran las consecuencias negativas que puede ocasionar.
Estoy de cuerdo en que es difícil lograr mucha actividad alrededor de un problema que se desconoce o del cual no se aprecia su importancia y sobre el cual hay silencio en los grandes medios de comunicación.
Los que por su formación conocen el tema o tienen capacidad para conocerlo, tienen la obligación moral de actuar como divulgadores de sus conocimientos.
En un país como el Uruguay en el que gran parte de la Enseñanza es gratuita, el conocimiento adquirido debe ser compartido. Es un modo de acceder a una sociedad mejor y es el modo de pagar algo a esa sociedad que aportó para el sistema de enseñanza.
Escribo esta nota el sábado 17 e informo que el próximo lunes 19 de febrero el Consejo Federal de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) analizará y tomará posición sobre la convocatoria a referéndum para derogar la Ley de Riego Nº 19553.
El texto elaborado como informe base para la discusión en esa reunión, recuerda que por la ley 16858 del año 1997 ya estaba prevista y regulada la utilización de agua para riego. Y señala que la nueva Ley del año 2017 y que lleva el Nº 19553 prevé la autorización a entidades o fondos de inversión nacionales o extranjeros a participar en la creación y gestión de fuentes de riego. Concuerda con la posición del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que considera que esta ley de riego habilita a privados a tener control sobre cantidad, calidad y disponibilidad de agua dulce», pudiendo generar afectaciones ambientales no previstas.
El documento base para ADUR, señala que mientras la Constitución establece que el acceso al agua potable y al saneamiento son derechos humanos, esta nueva ley, la 19553 genera un mercado de aguas a partir de la gestión privada de su represamiento.
Finaliza el documento reafirmando que esta ley es «incompatible con el texto constitucional» y «supone consecuencias regresivas en el alcance de los derechos constitucionalmente establecidos».
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