I – El Estado de derecho: roles y actores
Para que una democracia sea creíble como un sistema en el que un Estado da atmósfera y espacio para que las libertades y responsabilidades den un marco propicio para la vida armónica de las personas que habitan el lugar, es menester que cada ciudadano asuma, con conciencia y determinación, los derechos y las obligaciones que, en calidad de ciudadanos, les corresponde y compromete.
Así, los poderes de un Estado, deben actuar no sólo armónicamente sino, y esto es capital, con real independencia para dar de sí cada quien lo suyo para que la tríada justifique y mantenga vivo el anhelo de independencia del soberano y con ello, la democracia republicana se de en la práctica cotidiana de las acciones societarias.
En este aspecto, todos son responsables, salvo que algunos, esto es, los representantes de cada uno de los tres poderes, tienen en sí un grado de responsabilidad que excede su ser individual al estar investidos de una representatividad, es decir de un simbolismo que hace con que sus pasos tengan una resonancia, una amplificación mayor a la que como personas físicas en verdad tienen.
Hablo, claro está, de investiduras que deben resguardar su poder simbólico en beneficio de aquella delegación que el soberano les diera por la vía del sufragio universal a unos, bien como a otros les fuera otorgada a través de los canales adecuados y previstos en la Carta como en la legislación y normativas vigentes.
Así, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, consisten en una tríada que, de funcionar a pleno de por sí y entre sí, dan aire y horizonte a la prosecución de libertades fundamentales a la persona humana, bajo un régimen democrático republicano que les confiere espacios y límites en los cuales y desde los cuales, avanzar a favor de una mejora sustantiva de lo humano en el hombre.
Es decir, continuar la senda del progreso, tomando por tal, el avance en la dignidad y en la efectiva mejora en la vida cotidiana de todos, pero especialmente de los más carenciados, esas mujeres y esos hombres tantas veces relegados, marginalizados, disociados de su comunidad por imperio del negarles lo que en verdad son: humanos.
Además de recordar que les asiste a éstos con políticas sociales activas. Algunas ya en curso y otras esperan su concreción en pasos ya planificados con lo cual podrán seguir registrándose ascensos desde lo periférico hacia lo central de nuestra sociedad, en términos de ascenso social.
Así, seguirán accediendo más y más personas a una categoría de humanidad que, además de permitirles la obtención de un sustento digno, les brinde formas y cauces para que su avance en la complejidad de lo societario.
II – El derecho como problema
En su obra «Derechos y garantías», el gran Luigi Ferrajoli, catedrático italiano en Filosofía del Derecho y teoría general del Derecho, Luigi Ferrajoli, y a quien conocimos en las dos oportunidades en que visitara nuestro país, comienza, justamente, hablando del tema que aquí nos ocupa.
Así, el eminente profesor, aduce que: «Estamos asistiendo, incluso en los países de democracia más avanzada, a una crisis profunda y creciente del derecho, que se manifiesta en diversas formas y en múltiples planos.»
Casi de inmediato, y en torno a lo que él llama «crisis de la legalidad», indica que: «En Italia, además, la ilegalidad pública se manifiesta también en forma de crisis constitucional, es decir, en la progresiva degradación del valor de las reglas del juego institucional y del conjunto de límites públicos.»Avanzando en su razonamiento, Ferrajoli advierte que es posible predecir, de las crisis del derecho que él apunta, algo que: «(…) equivale a una crisis del principio de legalidad, es decir, de la sujeción de los poderes públicos a la ley, en la que se fundan tanto la soberanía popular como el paradigma del Estado de derecho.»
En fin, Ferrajoli, en una obra que evidentemente merece ser estudiada en su totalidad, alega que: «Yo creo que el peligro para el futuro de los derechos fundamentales y de sus garantías depende hoy no sólo de la crisis del derecho, sino también de la crisis de la razón jurídica; no sólo del caos normativo y de la ilegalidad difusa aquí recordados, sino también de la pérdida de confianza en esa artificial «reason» que es la razón jurídica moderna, que erigió el singular y extraordinario paradigma teórico que es el Estado de derecho.»
Y ante este peligro, concreto y global, tengo yo, como usted y aquel, el deber, como ciudadano, de estudiar y atender para asumir nuestra cuota parte de responsabilidad social activa. Este serio riesgo lleva consigo, in extremis, la pérdida de confianza en los actores sobre el justo y equilibrado ejercicio del poder por parte de alguno o varios de los brazos del poder del Estado. Entonces, esto debe ser sopesado y valorado más allá de la casuística que el momento imponga como lo que unos y otros, partidarios y contrarios de una determinada causa o problema, aduzcamos como válido.
III – El poder simbólico y sus representantes
Es decir, debemos siempre preservar el poder simbólico que el Estado, en sus tres poderes, les fuera otorgado por el soberano, en los modos y fases que cada cual tiene.
Es así que la corresponsabilidad en la representatividad conferida, debe ser alentada y hasta vigilada, cívicamente, por la ciudadanía, en tanto conforman dichos poderes la pieza vital de una sociedad democrática y republicana que se precie de tal.
Debe ser, por lo tanto, condición sine qua non de todo gobernante el saber ver más allá de lo aparentemente cercano para poder apreciar el todo y, desde este, volver hacia lo particular y lo coyuntural.
Viene en nuestro apoyo el filósofo español José Ortega y Gasset, cuando en una de sus obras cumbre, «Meditaciones del Quijote», advertía sobre el cuidado que se debe tener cuando uno, por ver un árbol creía tener el bosque, no advirtiendo sus partes ni, menos que menos, lo que hay, allende el bosque, al atravesarlo.
El poseer la necesaria ponderación que permita poseer la perspectiva necesaria ante todo evento o circunstancia, resultará, así, en una muestra del vital equilibrio en funciones claves de todo integrante de cualquiera de los tres poderes, no refiriéndonos exclusivamente a la cabeza del ejecutivo. Carecer de esta virtud sería, a todas luces, y desde cualquier ángulo de los poderes, lesivo para la marcha misma del devenir de una sociedad libre y responsable/
Así, pues, cada quien a su tarea y todos, mancomunadamente, por el bien común: la mejor suerte del Uruguay, en una democracia republicana en la cual los Poderes del Estado sean plenamente respetados y respetables, como ciertamente lo son, pero es nuestro deber el propender a una profundización mayor de nuestras libertades, en Derechos como en Obligaciones. Esto es posible. Más diríamos: imprescindible.
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